Las idas y las vueltas del proceso abierto contra Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, para conocer el destino de los $ 5,6 millones que el Estado nacional le había entregado, desembocaron en el mismo punto de partida: el Juzgado Federal Nº1 a cargo de Daniel Bejas. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió que la investigación de una presunta defraudación a la administración pública regrese al despacho en el que había tramitado hasta que el fiscal federal Nº1, Carlos Brito, solicitó la declaración indagatoria como imputada de Trimarco; de la tesorera de la ONG y prima de la primera, Alicia Trimarco, y del secretario Gastón Robles. La definición del conflicto de competencia, que se extendió durante siete meses, deja a Bejas en condiciones de resolver si autoriza o no las citaciones.
La resolución del 28 de febrero lleva la firma de Hernán Frías Silva, que actúa como vocal subrogante del tribunal. En esencia, Frías Silva adhirió a la postura de su par de primera instancia Fernando Luis Poviña (Nº2), quien consideró que era tarde para desprenderse del expediente. En junio, Bejas había resuelto que la competencia correspondía a Poviña en función de las fechas del anticipo financiero, de la intimación a restituir el dinero (U$S 418.000 de aquel momento) y de la denuncia penal. Pero Poviña devolvió el caso a su colega Nº1 y este remitió las actuaciones a la Cámara para que zanje la contienda.
“Observo que el proceso en conflicto ha sido instruido sin oposición alguna por Bejas desde el 17 de abril de 2018 y que el fiscal (Brito) incluso se pronunció a favor de su competencia”, dijo el camarista. Y añadió: “el hecho de haber aceptado oportunamente que era competente y de haber actuado en consecuencia implica que la devolución de las actuaciones que pretende Bejas atenta contra ‘la estabilidad de la competencia’, y la consecuente celeridad que debe imprimirse a todo proceso para garantizar la mejor y más pronta administración de justicia”. Frías Silva expresó que si bien asistían algunas razones a Bejas, cambiar de jueces resultaba extemporáneo a esta altura del partido.
Parte de “Más Cerca”
La administración de Mauricio Macri inició este proceso para esclarecer el destino del anticipo que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entonces a cargo de Julio De Vido entregó a Trimarco. En un acuerdo firmado en noviembre de 2015, días antes del balotaje de aquel año, el Gobierno kirchnerista se comprometió a transferir $ 22,5 millones (U$S 1,7 millón según la cotización de la época) a la ONG antitrata para que esta hiciera obras en la propiedad del ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán y remodelara un jardín de infantes. Los fondos provenían del programa “Más Cerca”, una política emblemática del período kirchnerista que es investigada por separado en la Justicia Federal de Tucumán. Esta causa también aguarda que la Cámara Federal se expida sobre un planteo de incompetencia que formuló Bejas en noviembre de 2017 (se informa por separado).
En su dictamen de junio, el fiscal Brito dijo que José López, entonces secretario de De Vido -ambos están presos por causas de corrupción-, ratificó el convenio con la Fundación María de los Ángeles y que el Ministerio remitió el anticipo del 25% el 4 de diciembre de 2015, días antes de que asumiera Macri. En 2017, la cartera del ministro Rogelio Frigerio detectó que las obras no habían empezado y que el inmueble estaba abandonado mediante la auditoría que practicó la instructora Mónica Patricia Marchisella. La Nación exigió a Trimarco el reintegro del dinero, pero, según el dictamen de Brito, ello no aconteció. El fiscal añadió que la mamá de la víctima María de los Ángeles Verón tampoco había justificado qué hizo con los $ 5,6 millones que recibió. “Existen pruebas suficientes para sospechar la presunta comisión de delitos”, dijo al pedir las indagatorias. Trimarco, por su parte, negó la denuncia y afirmó que había devuelto los fondos a la Nación.